Las empresas públicas tienen una importancia notable en las economías actuales, incluso en las más desarrolladas. No obstante, su presencia es sistemáticamente minimizada o cuestionada. Muchas veces se entiende que los emprendimientos empresariales del Estado son ineficientes per se, que despilfarran recursos o son costosos desde el punto de vista del gasto social, o incluso que inhiben el despliegue de la iniciativa privada, virtuosa por definición. Esa mirada negativa de las capacidades estatales y de las empresas públicas se encuentra en debate en los últimos años, en particular desde la crisis económica mundial de 2008, lo que habilita a mirar y repensar las experiencias nacionales sin prejuicios y con renovadas perspectivas teóricas; se trata de analizarlas en su dimensión histórica, no solo por su interés en ese plano, sino, principalmente, por lo que puedan brindar para contextualizar de mejor manera las circunstancias que se presentan en la actualidad, así como para aportar nuevas herramientas en pos de diseños futuros. La experiencia histórica demuestra que el Estado ha jugado un papel clave en el crecimiento económico en la Argentina, particularmente financiando inversiones de riesgo o desarrollando productos e innovaciones que luego, en muchos casos, fueron desplegados por otras empresas públicas o privadas. Es indudable que el Estado tiene, potencialmente, la capacidad para orientar su intervención empresaria en una activa política de promoción del desarrollo y responder a cuestiones estratégicas, tanto desde el punto de vista económico como también institucional y social.