Un repaso fundamental a los abusos de derechos humanos cometidos por distintas dictaduras en el siglo XX. «Baltasar Garzón ha dedicado toda su vida a luchar contra la impunidad, sin amilanarse frente a los poderes políticos y económicos que la generan. Ha puesto su impecable preparación técnica y su impresionante coraje y disposición al servicio de la defensa de los derechos que poseen las víctimas de los más graves atropellos a la legalidad y a la dignidad humana, aun a costa de un elevado sacrificio personal, ya que ciertamente su causa es impopular para los poderes legales y fácticos de muchos países. Este libro es un ejemplo bastante revelador de lo que he llamado la razón caliente, aquella rara capacidad para combinar la argumentación jurídica impecable con el sentimiento de repulsa hacia la impunidad de los poderosos y, a la vez, de solidaridad con las víctimas. Precisamente, este es el libro de un hombre de derecho que hace de su estudio un instrumento de lucha contra la injusticia y la impunidad, y que al mismo tiempo acoge y pretende confortar a las víctimas.» Del prefacio de Boaventura de Sousa Santos GARZON BALTASAR Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, Jaén, España. Estudió en seminarios de Baeza y Jaén, pero abandonó los estudios eclesiásticos y se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Inició su carrera judicial en 1981 en Valverde del Camino Huelva , ascendiendo a magistrado en 1983 y siendo destinado a Almería. En 1988 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción n. 5 de la Audiencia Nacional, donde instruyó casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, destacando las operaciones Nécora y Pitón contra el narcotráfico gallego. En 1993 se presentó como independiente en las listas del PSOE y fue elegido diputado, ocupando el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Regresó a la judicatura en 1994 y continuó con investigaciones de alto perfil, como el caso GAL, el cierre del diario Egin y la orden de detención de Augusto Pinochet en 1998. En 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por prevaricación en el caso Gürtel. Posteriormente, trabajó como asesor del Tribunal Penal Internacional y como abogado defensor de Julian Assange. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la imparcialidad de los juicios en su contra. Ha recibido múltiples distinciones y continúa vinculado a causas de derechos humanos.